Movimientos Indígenas Contemporáneos en América Latina
Política, problemas y paradojas de la etnicidad latinoamericana
Movimientos Indígenas Contemporáneos en América Latina
Fue a principios de la década de 1980 cuando surgió un movimiento panindio en América Latina. En México, pero también en Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, organizaciones dirigidas por una élite a menudo educada en la ciudad desarrollaron reivindicaciones que iban más allá de las tradicionales demandas de recuperación de tierras y de mejora de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones rurales. Esta élite indianista tiene un discurso similar al de sus homólogos de Canadá y Estados Unidos.
La autonomía (más que la autodeterminación) es su consigna. En esencia, los indios de América Latina exigen un reconocimiento positivo de su identidad y su modo de vida. Piden controlar la dirección de su desarrollo y gobernar sus territorios según unos valores que consideran radicalmente distintos de aquellos en los que se basan los gobiernos de las naciones latinoamericanas contemporáneas. Este movimiento indígena adquirió una dimensión continental en 1992, cuando se celebró el quinto centenario del "encuentro de dos mundos".
En esa época se formaron federaciones de organizaciones regionales y nacionales, algunas de las cuales adquirieron visibilidad internacional y desempeñaron un papel importante en las actividades del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas. Sin embargo, el movimiento indio se parecía más a una nebulosa escurridiza, cuyos éxitos políticos estaban fuera de toda proporción con las esperanzas que había suscitado.
Los indios, entre la minoría y la mayoría
La indianidad es difícil de definir. Una especie de frontera simbólica porosa y cambiante, atraviesa todas las relaciones sociales. El avanzado mestizaje de las sociedades latinoamericanas y la creciente movilidad de los individuos hacen imposible, aquí más que en otros lugares, conciliar grupos humanos bien definidos con una identidad cultural autóctona. Además, cada país presenta una situación única. Sin embargo, se pueden hacer algunas estimaciones, basadas en los criterios lingüísticos y de autoidentificación que tienen en cuenta la mayoría de los censos.
Los indígenas representan alrededor del 10% de la población total de América Latina. Constituyen la mitad de la población en Guatemala y Bolivia, alrededor del 30% en Ecuador y Perú, y entre el 10 y el 13% en Belice, Honduras y Nicaragua. El 100% en Belice, Honduras y México. En el resto, rara vez superan el 5%, excepto en Nicaragua, Panamá y Chile (7-8%). Uruguay es el único país latinoamericano sin población indígena.
A veces se refiere a un movimiento social (un organismo colectivo, en general, que se distingue por un alto nivel de compromiso, y activismo político, pero que a menudo carece de una organización clara) y a una filosofía política que afirma la identidad y la unidad común de los pueblos por encima de las fronteras políticas o estatales y las divisiones tribales.
La población india es cada vez menos rural, aunque los indios suelen ser mayoría en las zonas rurales del sur de México, Guatemala y los países andinos. La imagen del enclave indio, aún vigente en los años sesenta, se ha visto en gran parte destrozada por el aumento de la migración a las ciudades de cada uno de los países afectados, así como al extranjero. Sin embargo, los indios siguen siendo mayoría entre los sectores más pobres de la sociedad latinoamericana. La indianidad sigue siendo sinónimo de pobreza.
Movimientos indios: una exigencia de integración diferente
El peso político de los indios no es proporcional a su peso demográfico. Con la excepción de Ecuador y Bolivia, es en los países donde los indios son ampliamente minoritarios (México, Colombia) donde adquieren una visibilidad particular en la escena política. Las condiciones para el surgimiento de un movimiento indio son diversas, pero lo que todas tienen en común es la crisis generalizada del modelo nacional-populista, que otorgaba al Estado un papel central en el desarrollo de las sociedades nacionales.
La transformación de la economía tras la Segunda Guerra Mundial y las réplicas de las dos crisis del petróleo han roto la dinámica de industrialización y acentuado la dependencia de las economías latinoamericanas, que siguen siendo en gran medida exportadoras de materias primas. Los gobiernos de la región no han podido colmar las esperanzas suscitadas por las políticas de desarrollo egocéntricas aplicadas desde el periodo de entreguerras. La escala social se ha estancado, frustrando las aspiraciones de generaciones enteras. Los hijos de los Treinta Años Gloriosos en América Latina iban a constituir la base de movimientos surgidos al margen de los cauces corporativistas tradicionales.
El Estado - sumido en la crisis de la deuda desde mediados de los años setenta - y los partidos dominantes ya no disponían de medios para mantener sus vastas redes clientelares y corporativistas. Nuevas organizaciones con un discurso basado no en la clase sino en la identidad surgieron durante esta década de las ruinas del Estado desarrollista y corporativista.
Surgieron numerosas organizaciones regionales en México (en el centro y el sur del país), Guatemala y Nicaragua, pero sobre todo en Colombia, Ecuador y Bolivia, donde se establecieron formalmente coordinaciones u otras federaciones de "nacionalidades indígenas". Más allá de sus especificidades, estos movimientos comparten la misma reivindicación de integración y no de secesión, como un análisis algo apresurado - y ciertas corrientes indianistas ultraminoritarias - podrían haber sugerido. En el centro de sus reivindicaciones está la necesidad de un reconocimiento que permita a los indios controlar su propio destino. No se trata de rechazar la modernización ni de oponerse al desarrollo, sino de participar en su definición y producción. Por ello se hace hincapié en la autonomía no como una concesión del gobierno central, sino como un derecho fundamental reconocido en la Constitución y regulado en la legislación secundaria.
La afirmación de la diferencia va sistemáticamente unida a la exigencia de participación en las decisiones que afectan a toda la sociedad, no sólo a los indios. Por eso, en la mayoría de los casos, la reivindicación de autonomía siempre va acompañada de una demanda de acceso a la representación política, a nivel provincial y nacional. Pocos movimientos rechazan radicalmente la idea de participar en las elecciones, como votantes y candidatos. El llamamiento a la "unidad en la diversidad", que es el lema de las organizaciones indias en América Latina, demuestra hasta qué punto desean inscribir sus reivindicaciones en el repertorio de la integración y no de la separación. Pero los movimientos indios no están exentos de tensiones y contradicciones, y las tendencias etnicistas, aunque minoritarias, siempre están presentes.
A lo largo de gran parte de la historia reciente de Estados Unidos, los indios americanos se han organizado a veces en unidades políticas y sociales más complejas que cruzaban las líneas tribales, a menudo descritas por los no indios como "movimientos pan-indios". En muchos casos, los indios de Oklahoma han hecho importantes contribuciones a estos esfuerzos. El peyotismo apareció primero para aliviar el asalto de la Ley Dawes al tribalismo a finales del siglo XIX y se extendió desde las llanuras del sur. A finales de las primeras décadas del siglo XX, numerosos grupos buscaban una legislación que prohibiera el uso indio del peyote. La oposición al peyote llevó a la constitución de la Iglesia Nativa Americana (NAC) en Oklahoma en 1918 para obtener la protección de los derechos de la Primera Enmienda.
Uno de los ejemplos más recientes es el partido Movimiento Indio Pachakuti (M.I.P.) de Bolivia, cuyo líder, Felipe Quispe, llama a la guerra contra los "blancos" y propone la creación de un Estado soberano para la nación aymara, el Qollasuyu, nombre de una de las cuatro provincias del antiguo imperio inca. Existe un riesgo real de recaer en el comunitarismo separatista si las condiciones socioeconómicas de la población india siguen deteriorándose y si, al mismo tiempo, el sistema político es incapaz de retransmitir y atender las demandas de los movimientos populares e indios.
El uso de las armas: una excepción
Al igual que otros movimientos sociales campesinos y urbanos, los movimientos indios han recurrido en ocasiones a la acción armada. A menudo atrapadas en el fuego cruzado -el de las guerrillas marxista-leninistas y el de las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares-, las organizaciones indias han recurrido a veces a las armas para defenderse, pero también para aliarse con una de las partes en conflicto, normalmente los rebeldes. Éste fue el caso de ciertos sectores de las comunidades quichés de Guatemala en la década de 1980, que se unieron al E.G.P. (Ejército Guerrillero de los Pobres), los miskitos de la costa atlántica nicaragüense que formaron una alianza con los contras contra el primer gobierno sandinista, o un sector de los indios Páez del Cauca, en Colombia, que formaron el M19 (una de las guerrillas marxista-leninistas) con el apoyo del M19, el Quintín Cojo, uno de los pocos casos de lo que podría llamarse una guerrilla india, es decir, fundada y dirigida por indios, con el objetivo de defender el movimiento indio y las comunidades que lo apoyan.
El último avatar de la acción armada cercana al movimiento indio, el E.Z.L.N. (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), aún no ha desaparecido de las montañas de Chiapas, en el sureste de México, donde surgió en enero de 1994. Tras un enfrentamiento inicial con el ejército, el grupo guerrillero optó por una estrategia de "reformismo radical", utilizando más la palabra que las balas para hacer oír su voz, lo que llevó a varios observadores a describirlo como el "primer grupo guerrillero cibernético" del siglo XX (en referencia al uso que su portavoz, el "Subcomandante" Zapatista de Liberación Nacional (ZNL), hace del "cibermundo").
Esto ha llevado a varios observadores a calificarla de "primera ciberguerrilla" del siglo XX (en referencia al uso que su portavoz, el "Subcomandante" Marcos, hace de Internet para difundir las declaraciones y reivindicaciones del movimiento), o de antiguerrilla, porque los rebeldes sólo utilizan sus armas como elemento de disuasión o defensa, y declaran que no tienen ningún deseo de tomar el poder.
Sin embargo, estas guerrillas con base en la India son la excepción y no la regla. Parecen un fracaso de la acción colectiva pacífica más que una extensión de la misma. En cada caso, el uso de las armas se justificó como una necesidad defensiva (para protegerse de los abusos tanto de las guerrillas no indias como de las fuerzas armadas estatales) más que como una estrategia ofensiva elegida deliberadamente para lograr los objetivos finales del movimiento. En este sentido, es significativo que, la mayoría de las veces, estas guerrillas tengan su origen en grupos de autodefensa creados por las comunidades para protegerse de la violencia "importada" por los revolucionarios y sus enemigos.
La lucha armada refleja a menudo la descomposición del movimiento indio, atrapado en una espiral de violencia cuyos objetivos y resultados (toma del poder del Estado, instauración de un régimen socialista) son ajenos a los objetivos de la acción colectiva inicial. Las más de las veces, fueron agentes ajenos a la sociedad indígena los que tendieron el puente entre un movimiento comunitario debilitado y las guerrillas, cuyos cuadros eran casi siempre de origen urbano y no indio. En casos extremos, la indianidad es totalmente explotada, en forma de vagos símbolos tomados de la cosmología andina y aplicados a un discurso de esencia cripto-marxista y a una estrategia de destrucción sistemática de toda forma de sociabilidad y de acción colectiva pacífica y autónoma. Esto fue particularmente cierto en el caso de Sendero Luminoso (P.C.P.-S.L.: Partido comunista del Perú Sendero Luminoso), una escisión maoísta del Partido Comunista Peruano que libró una sangrienta guerra de guerrillas entre 1980 y la detención de su líder Abimael Cuzmán en 1992.
Surgimiento de un modelo político multicultural
A principios de la década de 1990, los parlamentos de México, Colombia y Bolivia ratificaron el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y aprobaron iniciativas gubernamentales de reforma constitucional encaminadas a reconocer el carácter multicultural y multiétnico de las tres naciones. Otros países siguieron su ejemplo en años posteriores (Guatemala y Ecuador en 1998, Venezuela en 1999). Se aplicaron nuevas leyes en favor de los indígenas en los ámbitos de la educación, los derechos sobre la tierra, el acceso a la justicia y la representación política (Colombia, Ecuador, Venezuela). Por último, se conceden diversos grados de autonomía política local (normalmente a nivel municipal y submunicipal) a las comunidades indias.
Algunos países han sido precursores en este campo, como Panamá, que concedió derechos territoriales a los kuna ya en 1953 (creación de comarcas gobernadas por autoridades indias), o Nicaragua, que estableció regiones autónomas multiétnicas en la costa atlántica en 1987. Pero estos Estados, cuyas poblaciones indígenas son aún muy pequeñas y localizadas, no han aprobado el Convenio 169 de la OIT y no han reconocido oficialmente el carácter multicultural de sus naciones. Por otro lado, los cambios normativos e institucionales de principios de la década de 1990 representan una evolución radical para los países en los que el Estado-nación se basaba en principios republicanos y universalistas heredados del siglo XIX, según los cuales la ley debe ser igual para todos, sin distinción de "raza" o clase.
Los movimientos indios desempeñaron un papel fundamental en este cambio multiculturalista en los escenarios internacional, continental y nacional. Sin su movilización y su capacidad para participar en las asambleas constituyentes de los países en cuestión, las reformas no habrían tenido tanto alcance en lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas. El caso más ejemplar es el de Colombia donde, a pesar de su escaso peso demográfico (menos del 2% de la población total), los indígenas, fuertemente organizados a nivel regional y nacional, tuvieron una influencia considerable en las decisiones de la Asamblea Constituyente de 1991.
En cambio, los indios de Brasil, muy pequeños y sin organización supracomunitaria, no influyeron en la redacción de la Constitución de 1988, que sin embargo sigue siendo una de las más avanzadas en materia de derechos de las minorías étnicas - los afroamericanos - y de democracia local. Pero el papel de los movimientos indios no debe sobrevalorarse en detrimento de otros dos factores: el papel de los gobiernos nacionales, en busca de una legitimidad socavada por la crisis económica (Bolivia, Ecuador) y la incapacidad de los partidos tradicionales para retransmitir las reivindicaciones sociales de una mayoría de la población, acosada por la pobreza y las desigualdades crecientes (México, Colombia).
Treinta años después de la formación de los movimientos indios y quince años después de las reformas constitucionales multiculturalistas, el balance sigue siendo desigual. La integración social y política de los indios sigue siendo desigual. Se han logrado resultados alentadores en Colombia (con la guerra civil como telón de fondo) y en Bolivia, donde Evo Morales, un líder sindical de ascendencia aymara, fue elegido presidente en primera vuelta - por primera vez en la historia democrática del país - el 18 de diciembre de 2005. En otros lugares, sin embargo, la entrada de los indios en política dejó un sabor amargo. En Ecuador, la alianza entre el movimiento indio y los coroneles del ejército se convirtió en un fiasco menos de un año después de las elecciones generales de octubre y noviembre de 2002.
Del 15 de enero al 6 de agosto de 2003, miembros del partido Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País (M.U.P.P.-N.P.) ocuparon puestos ministeriales clave en el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, incluido el cargo altamente simbólico de Asuntos Exteriores, antes de dimitir, acusando a Gutiérrez de haberles manipulado.
Los movimientos indígenas han logrado a menudo vincular las luchas sociales con la reivindicación del reconocimiento de la diversidad cultural, pero su reto sigue siendo transformar una postura de denuncia ética en un proyecto político alternativo para el conjunto de la sociedad.
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